Para dar a conocer la gravedad de las amenazas que enfrenta la independencia judicial, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), comparecerá ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a una audiencia señalada para el próximo viernes 23 de marzo.
En el marco del 144 período ordinario de sesiones que desarrollará la CIDH en Washington, Estados Unidos, la AJD acudirá junto a los representantes de las asociaciones judiciales de Centroamérica, agrupados en la Federación Centroamericana de Asociaciones de Juezas y Jueces Democráticos, para dar a conocer los riesgos que cotidianamente afrontan los jueces de la región.
Presiones internas, influencia de los grupos de poder económico y político, de los medios de comunicación y de otros poderes del Estado, son parte de las anomalías que afectan los sistemas judiciales de la región y que serán dadas a conocer en la audiencia.
La CIDH también conocerá de las limitaciones a la libertad de asociación y de expresión, la falta de transparencia y de objetividad en los procesos disciplinarios y de evaluación, las restricciones en el acceso igualitario a capacitación, las precarias condiciones salariales y de seguridad personal, familiar y social, que sufren los empleados y funcionarios de los poderes judiciales centroamericanos.
La comparecencia ante la CIDH tiene como propósito la idea de persuadir al organismo de derechos humanos a fin de que se exhorte a los Estados de la región, para que tomen las medidas de fortalecimiento a la independencia judicial.
En el caso particular de Honduras, la independencia judicial se vio quebrantada luego que la Corte Suprema de Justicia destituyera a cuatro jueces que se pronunciaron en contra del golpe de Estado, que en junio de 2009, depuso de la presidencia de la Republica a Manuel Zelaya Rosales.
Organismos internacionales, como Human Rights Watch, calificaron el hecho como un revés para la independencia judicial. "El poder judicial hondureño debería estar trabajando para restablecer el estado de derecho y reparar los daños provocados por el golpe de estado ", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Match, en mayo de 2010, cuando la CSJ ratificó la destitución de los cuatro jueces.
Los cuatro funcionarios despedidos, formaban parte de la junta directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia, organización que se vio debilitada por la acción de la Corte.
Ramón Barrios fue separado por criticar públicamente que la Corte Suprema de Justicia, validaba el golpe de Estado. Según la oficina de personal de la carrera judicial, las declaraciones de Barrios atentaban contra la dignidad de la Administración de Justicia.
Guillermo López Lone, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia y Luis Chévez de la Rocha, fueron separados por participar en las manifestaciones pacificas que exigían la restitución de Zelaya en el poder, mientras Tirza Flores Lanza, magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya.
Cabe mencionar que la magistrada Flores Lanza, venía siendo perseguida a través de un proceso disciplinario, que la Corte Suprema de Justicia abrió contra ella por haber participado en una huelga de hambre realizada por fiscales que exigían darle curso más de cuarenta casos de corrupción, incluidas siete causas en contra del ex presidente Rafael Leonardo Callejas.
