No para la criminalización de la lucha y la protesta social en el Bajo Aguán
Según varios comunicados publicados y difundidos la noche de este viernes (8/2) por el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y el Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán (OPIDHA), el dirigente campesino y presidente de la Junta directiva del MUCA, Juan Ramón Chinchilla, fue detenido por un fuerte operativo militar y policial en el parque central de la norteña ciudad de Tocoa, Departamento de Colón.
De acuerdo con la denuncia vertida por las organizaciones campesinas de la zona, Chinchilla fue acusado de "usurpación de tierra" por la empresa Exportadora del Atlántico SA (exp. 069-2012), división agrícola de Corporación DINANT, cuyo propietario es el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.
Las organizaciones campesinas del Bajo Aguán acusan a Facussé Barjum y a otros terratenientes productores de palma africana, de haber usurpado miles de hectáreas de tierra y haber desatado la violencia en contra de las familias campesinas organizadas, que reclaman su derecho a tener acceso a la tierra y a una vida digna.
El fuerte operativo de policías y militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Xatruch III, detuvo Chinchilla a las 7.30 de la noche cuando el dirigente campesino regresaba de una reunión de trabajo con la junta directiva de la Cooperativa la Salamá.
Siempre según el comunicado, después de permanecer un tiempo en la posta policial de Tocoa, Chinchilla fue trasladado a Trujillo (a unos 60 km) y puesto a la orden de los jueces. Cabe destacar que, en repetidas ocasiones, el Tribunal de Sentencias de Trujillo ha sido señalado por ser 'foco de impunidad' y por favorecer, con sus sentencias, los intereses de los grandes terratenientes y monocultivistas.
Después de una audiencia de más de dos horas, el joven dirigente campesino fue puesto en libertad con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.
Para las organizaciones campesinas no debe sorprender el hecho de que, en una zona como el Bajo Aguán, donde en los últimos años el grave conflicto agrario y la agresión contra las familias campesinas ha dejado un saldo de decenas de obreros agrícolas brutalmente asesinados, en lugar de estar persiguiendo a los asesinos y acabar con la impunidad, el actual régimen de Porfirio Lobo y el aparato militar y policial, continúan persiguiendo y reprimiendo al pueblo organizado.
"Condenamos la criminalización de la lucha por el acceso a la tierra desde las instituciones del Estado, ya que a 20 años de vigencia de la fatídica e inconstitucional Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, lo único que ha provocado es una enorme crisis agraria y alimentaria", se lee en el comunicado del MUCA. En los últimos dos años serían 3,081 los campesinos y campesinas procesados en el marco del conflicto agrario.
Finalmente, el MUCA y OPIDHA señalaron que mientras en el Congreso Nacional los diputados reviven las ciudades modelo, "que en la práctica es el concesionamiento de las zonas más productivas de nuestro país", en el Bajo Aguán se continúa reprimiendo la protesta y la lucha social en defensa de los bienes comunes.
La detención y condena, aunque gozando de medidas cautelares, del presidente de la Junta directiva central del MUCA, es una señal muy preocupante de parte del Ejecutivo y de las fuerzas represivas del Estado hondureño.
Fuente: LINyM
