Tegucigalpa. 28 Julio 2010. El miércoles 18 de agosto, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), se movilizará, a nivel nacional, a fin de exigir al régimen de Porfirio Lobo, el aumento al salario mínimo, condenar los intentos por devaluar la moneda, y el rechazo a imponer el trabajo temporal, por horas y de media jornada.Según un comunicado emitido por el FNRP, la movilización también exigirá al régimen sucesor de facto, de Lobo, acelerar “el desmantelamiento de las estructuras golpistas y el respeto a los derechos humanos civiles y políticos”.
El Frente de Resistencia, manifiesta que, ante las medidas adoptadas por el régimen, la Asamblea Nacional Constituyente, es una necesidad "urgente", para redactar una Constitución que proteja los derechos laborales de todo el pueblo, y desmonte la estructura golpista que arrebató los tres poderes del Estado a fin de proteger los intereses de la oligarquía.
De ahí que, el FNRP reaviva el llamado a firmar la “declaración soberana para auto convocarnos a la Constituyente”, vía que ya ha sido elegida por el pueblo, destacan.
El Frente, acusa “a la dictadura”, de aplicar una política de impuestos en la que “paga más el pueblo, que el gran capital, subsidiado y protegido por el Estado”. Política que profundiza el neoliberalismo y convierte a Honduras en un “paraíso fiscal y laboral para las transnacionales, los grandes exportadores y los grandes importadores”.
El FNRP denuncia que, al derogar el Código del Trabajo y el Estatuto del Docente Hondureño, la dictadura intenta imponer una ley que legalizará y aumentará el trabajo temporal, el trabajo por horas, impedirá la libre sindicalización y la contratación colectiva.
Las reformas económicas y laborales impulsadas por el régimen, son promovidas por los empresarios co-ejecutores el Golpe, agrupados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en complicidad con el “ilegítimo Congreso Nacional”, asegura el FNRP.
Al provocar el congelamiento, retardando el aumento de los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras, el régimen y los empresarios, “se proponen seguir concentrando la riqueza en manos de unos pocos”. Devaluar la moneda, unido a la inflación, disminuye el ingreso de la clase trabajadora, evidencian.
El Frente cuestiona que mientras la dictadura permite a los empresarios libertad de imponer el precio a los artículos de primera necesidad, "no se atreve a fijar un salario mínimo" que, al menos recupere la casta básica que ya alcanza un costo alto, "debido a la practicas oligopólicas, monopólicas y especuladoras que afectan a los pequeños y medianos productores, también desprotegidos por el Estado".
